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La eólica solicita la rectificación del registro de pre-asignación |
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jueves, 04 de marzo de 2010 |
 La industria eólica ha acogido con agrado la reciente propuesta anunciada por el Ejecutivo español sobre el objetivo que se plantea sobre el mix energético de cara al año 2020, aunque plantea una rectificación del registro de pre-asignación para que sean alcanzables los objetivos marcados para su tecnología.
Así, según ha explicado la Vicepresidenta Segunda y Ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, la meta pasa por que la energía eólica asuma un protagonismo mayor para 2020, hasta constituirse como el principal pilar del sistema eléctrico, con una aportación de 83.750 GWh.
Esta cantidad queda muy por delante de los 62.036 GWh y de los 55.600 GWh que aportarían los ciclos combinados y la nuclear, respectivamente, en dicho año, según los planes del Gobierno.
Ante este último paso dado por el Ejecutivo, desde la Asociación Empresarial Eólica se felicitan por el "reconocimiento al rol tan importante que puede desempeñar la energía del viento atendiendo a las premisas de la política energética europea: seguridad de suministro, competitividad y respeto por el medio ambiente".
Además, en un comunicado distribuido por la AEE recuerdan que en términos de potencia instalada, el documento presentado por el Gobierno fija para 2020 "como objetivos 35.000 MW de eólica terrestre y 5.000 MW de eólica marina", metas que son ligeramente inferiores a las propuestas por el sector, "que alcanzaban los 40.000 MW para la eólica en tierra", recuerdan desde la patronal. "En cualquier caso, y teniendo en cuenta el descenso de la demanda eléctrica de este último año, puede considerarse un horizonte razonable", matiza la nota de prensa.
Por otra parte, el texto del documento publicado por la asociación del sector eólico aclara que "la propuesta del Gobierno incluye también una medida (la nº 25) para revisar antes del 31 de diciembre el sistema de incentivos a las energías renovables que ha sido interpretado en todos los ámbitos como la decisión de reducir las primas que actualmente perciben las distintas tecnologías. Desde la Asociación Empresarial Eólica, se quiere manifestar a este respecto que la primera premisa para este ejercicio es el análisis una por una de las tecnologías y de sus características en términos tecnológicos, industriales y socioeconómicos. El Gobierno tiene la potestad en un sector regulado de fijar la retribución de la producción de la nueva potencia a instalar pero tiene que calibrar perfectamente la medida para evitar que esa revisión haga inviable "el cumplimiento de los objetivos".
En el caso de la eólica, y respecto al importe de la prima, es importante tener en cuenta que el actual marco normativo, el RD 661/2007, "prevé que a partir de 2013 todas las instalaciones eólicas estarán sometidas al suelo y techo de la prima, lo que supondrá que el montante total de los incentivos se reducirá notablemente en un escenario previsible de precios altos de los combustibles fósiles. En este sentido, la eólica garantiza esa competitividad reclamada en el documento, puesto que su evolución es previsible al contrario de lo que sucede con las tecnologías basadas en la combustión de hidrocarburos".
Sin embargo, AEE recuerda que es fundamental que para que esos objetivos de potencia eólica para 2020 puedan alcanzarse con la implantación de tecnología propia o fabricada en nuestro país (como ha sucedido hasta ahora como en ninguna otra tecnología) "es imprescindible garantizar hoy la viabilidad de la industria eólica que se encuentra en peligro por deslocalización a consecuencia de la resolución del Registro de Pre-Asignación. Por tanto, AEE reclama que se atiendan sus demandas para flexibilizar el acuerdo del Gobierno al laminar en tres años los proyectos admitidos en el Registro lo que ha reducido drásticamente la carga de trabajo de las fábricas. El sector solicita que se adelanten los plazos de puesta en funcionamiento de dichos proyectos y se apruebe este semestre la nueva regulación para que los promotores puedan afrontar los proyectos con conocimiento del marco jurídico y retributivo en el que funcionarán".
Si el Gobierno apuesta, acertadamente a nuestro juicio, por la eólica como pilar de nuestro sistema energético, "debe retirar ya mismo los obstáculos y definir desde ya, en este primer semestre, el nuevo entorno normativo", reclaman los responsables de la patronal española.
Sí de Unesa a las propuestas para 2020, pero con déficit tarifario cero
El Presidente de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), Pedro Rivero, ha asegurado en relación con la propuesta del Gobierno sobre el mix energético para 2020 que su organización apoya las medidas planteadas para el crecimiento económico y creación de empleo, siempre que se apliquen "con déficit de tarifa cero".
Rivero aseguró durante una rueda de prensa organizada por la Sociedad Nuclear Española (SNE) acerca de 'Energía y economía' "que pacten lo que les parezca oportuno, pero con déficit cero". además, estimó "urgente" un pacto de Estado "para dar seguridad regulatoria y para que no se ponga en cuestión cada cuatro años lo que se haga". "Que no cambien las reglas, y si se cambian, que sea con acuerdo", añadió.
Para el Presidente de la patronal de las eléctricas, el documento presentado por el Ejecutivo es "bueno" en la medida en que "abre la discusión", "no es cerrado" y pretende "llegar a un acuerdo". En su desarrollo, Unesa pondrá atención a que el sistema eléctrico deje de generar déficit, ya que este modelo, recordó, se hizo para solucionar "el bache de un año" y debe ser ahora costeado por los usuarios, que "pagan por lo que no consumieron".
En cuanto a la colocación de hasta 10.000 M€ del déficit de tarifa mediante el Fondo de Titulización creado por el Gobierno, Rivero pronosticó que se podrá realizar "sin problemas". El Ejecutivo ultima la aprobación del Real Decreto que recoge los detalles de esta operación.
En otro orden de cosas, Rivero recordó que el mix energético que plantea el Ejecutivo español para 2020 reducirá la potencia nuclear instalada en 460 MW, hasta 7.256 MW, debido al cierre de Garoña. Asimismo, del documento se deduce que no se cerrarán centrales, pero que tampoco se construirán, por lo que "habrá que irse fuera" si se quiere instalar nuevas centrales, concluyó el Presidente de Unesa.
Revés a la industria fotovoltaica
En cuanto al escenario previsto para las fotovoltaicas, no resulta muy halagüeño si se tiene en cuenta una consulta recientemente contestada por la Dirección General de Tributos y que entiende que los paneles solares instalados en las plantas fotovoltaicas son bienes inmuebles y, por tanto, deben tributar como tales. Esto significa que las inversiones que se realicen en sociedades incluidas en esta categoría deberán tributar al 7% correspondiente al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) (en algunas Comunidades Autónomas, esta tasa es del 6%).
Algunos analistas del sector estiman que este criterio también sería aplicable a otras instalaciones renovables, como los parques eólicos.
El nuevo criterio de Tributos añade un nuevo coste a los inversores de este tipo de proyectos, lo que junto con la complicada situación económica actual, frenará previsiblemente la actividad en el sector.
Por su parte, Javier Anta, Presidente de la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF), explica que "estamos en contra de cualquier aumento de costes, porque queremos que esta tecnología adquiera madurez económica"; y este tipo de decisiones "aumenta el coste del KW/hora".
Para evitar que esto suceda, Anta reclama a las entidades públicas que adopten decisiones "razonables, por ejemplo que los permisos de obra y los impuestos sean lo más bajos posible". La clave de la tesis de Tributos es que al considerar como bien inmueble los paneles solares, se aplica el artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores, que obliga a pagar el ITP en el caso de la transmisión de participaciones que confieran la mayoría de una sociedad que explote esta tecnología.
Los requisitos para aplicar esta norma son que los valores transmitidos o adquiridos representen partes del capital de sociedades cuyo activo esté constituido al menos en un 50% por inmuebles situados en España y que como consecuencia de la transmisión, el adquirente obtenga una posición de control.
Según la DGT, los paneles solares son bienes inmuebles según la definición del artículo 3 de la Ley del ITP: "Las instalaciones de cualquier clase establecidas con carácter permanente, siquiera por la forma de su construcción sean transportables, y aun cuando el terreno sobre el que se hallen situadas no pertenezca al dueño de los mismos".
Asimismo, la consulta apunta que "la transmisión del 100% de las participaciones sociales a un único adquirente estará sujeta a la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas del ITP, pues se cumplirá también el requisito de que el adquirente obtenga, como resultado, el control de la entidad".
Por su lado, Ignacio Arráez, del Despacho Castro, Sueiro & Varela, ha explicado que se "condena al propietario de la inversión a quedarse con ella porque siempre es difícil encontrar más de un comprador -por ejemplo, dos que adquieran cada uno el 50%- para evitar el pago del impuesto". El pago del 7% es desincentivador.
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