De esta forma, se incorpora a la normativa española la directiva 2005/29 del Parlamento Europeo, relativa a prácticas comerciales desleales.

El anteproyecto pretende proporcionar seguridad jurídica a las empresas que compiten legítimamente en el mercado frente a aquellas que realizan prácticas contrarias a la buena fe, carentes de diligencia profesional y que distorsionen de manera significativa el comportamiento económico del consumidor.
 
Por otra parte, el anteproyecto prevé por parte de las administraciones públicas la promoción de códigos de conducta entre las organizaciones empresariales y profesionales que ayuden a controlar las prácticas publicitarias desleales de las empresas y a elevar el nivel de protección de los consumidores.

Las organizaciones de consumidores participarán también en la elaboración de dichos códigos, que deberán respetar la normativa de defensa de competencia y a los que se dará publicidad suficiente para su debido conocimiento por los destinatarios.

Entre otras conductas, se consideran desleales las siguientes:

• La comparación pública de la actividad, las prestaciones o el establecimiento propio o ajeno con los de un tercero cuando dicha actividad se refiera a extremos que no sean análogos, relevantes ni comparables.
 
• La ocultación de información necesaria para que los consumidores puedan adoptar un comportamiento económico con conocimiento de causa.

• La transmisión de información de manera poco clara, ininteligible, ambigua o en un momento que no sea adecuado.

• La inducción a los consumidores a tomar decisiones inmediatas con el pretexto de que un bien o servicio sólo estará disponible durante un período de tiempo limitado y esto no sea cierto.
 
• La presentación de los derechos que otorga la legislación a los consumidores o usuarios como si fueran una característica distintiva de la oferta del empresario o profesional.